Piden derogar decreto vendepatria de García
OFICIO SOSPECHOSO
El ex comandante general del Ejército, José Graham, calificó de “curioso” que el decreto indique que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas aprobó la norma mediante un oficio con fecha del 17 de diciembre del 2007. “Tengo mis dudas al respecto, pues se trata de un oficio fechado hace un año”, dijo.Graham criticó al Congreso, al Ministerio de Defensa y la Cancillería por haber permitido esa violación de la Constitución.
Congresistas, ex ministro, ex comandantes y constitucionalista cuestionan supuesta “necesidad pública”. Advierten que es peligrosa la presencia de empresa minera china en frontera norte.
Las bancadas del Partido Nacionalista y de Alianza Parlamentaria plantearán en el Congreso la derogatoria del Decreto Supremo 024, en virtud al cual el gobierno de Alan García otorgó 35 denuncios mineros al consorcio chino Zijin en la frontera con Ecuador, sin haber demostrado que se trata de una acción de necesidad pública.
Al respecto, la congresista nacionalista Marisol Espinoza advirtió que el controvertido dispositivo podría ser la devolución de un favor político de García a los empresarios chinos, por haber ellos hecho aportes financieros a su campaña electoral en el 2006.Anunció que su bancada planteará en el Parlamento la derogatoria del Decreto Supremo 024, del cual se valió el gobierno para entregar una porción de la frontera norte a Zijin.
Por su parte, el legislador de Alianza Parlamentaria y ex ministro de Defensa, David Waisman, calificó de “extremadamente riesgosa y peligrosa” la presencia de una empresa extranjera en una zona fronteriza y consideró que utilizar la figura de “necesidad pública” es absurdo en este caso.
“No existe ninguna necesidad pública a 50 kilómetros de una frontera ¿Dónde está el ministro de Defensa? Primero fue Collique y luego el Pentagonito”, recordó. Dijo desconocer quiénes están detrás del decreto y que éste es una barbaridad más del presidente García. Hay un afán desmedido, una obsesión de beneficiar al gobierno chino, sostuvo.
En tal sentido, Waisman también anunció que planteará a su bancada un proyecto de ley para derogar el Decreto Supremo 024, y afirmó que evaluará pedir la interpelación de los ministros de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, y Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, para que expliquen la necesidad pública a que se refiere ese decreto.
Por su parte, el constitucionalista Francisco Eguiguren explicó que la excepción de “necesidad pública” del artículo 71 de la Constitución puede ser aplicada sólo cuando hay un requerimiento de inversión urgente e indispensable para el país.
Eguiguren dijo que la “necesidad pública” suele ser utilizada, sobre todo, en casos de expropiaciones. “Por ejemplo, cuando construyeron el zanjón, expropiaron las casas aledañas por necesidad pública para expandir la avenida”, declaró.
El constitucionalista dijo que la “necesidad pública” es declarada normalmente por ley, y que el Ejecutivo y los municipios sólo pueden hacerlo en casos especiales.
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/piden-derogar-decreto-vendepatria-de-garcia_30211.html
miércoles, 31 de diciembre de 2008
DESMEMBRACIONES DEL TERRITORIO AMAZONICO PERUANO
DESMEMBRACIONES DEL TERRITORIO
AMAZONICO PERUANO
En el conocimiento de nuestra historia regional, debe ocupar un lugar de la mayor importancia la información relacionada con las pérdidas de territorio que ha sufrido nuestra región, no como consecuencia de acciones bélicas con nuestros vecinos, sino por la actitud displicente y antipatriótica de una clase dirigente nacional que era capaz de anteponer sus intereses personales o familiares a los nacionales.
Como consecuencia de ello, la nuestra es la región que más pérdidas de territorio ha sufrido. Por ello es que, aunque dolorosa para nosotros, tenemos que conocer esa historia oprobiosa para que no vuelva a repetirse y para que nuestro sentimiento patriótico se fortalezca cada vez más.
Sin tener en cuenta la pérdida de la región del Guayas (Guayaquil), que era peruana, debido a la imposición de Bolívar, y también los territorios perdidos en el sur por la guerra con Chile de 1879, el Perú ha cedido a los países vecinos, no en guerras, sino en mesas diplomáticas, alrededor de 777,912 Km2 de Amazonía Peruana, que representa bastante más del 50% de la extensión actual del Perú que, como sabemos, es de 1 285 215 Km2, a los que quedó reducido nuestro territorio nacional luego de la firma de sucesivos Tratados entreguistas y antipatrióticos.
VEAMOS ESTA HISTORIA.
PÉRDIDA POR CONVENIO FLUVIAL CON BRASIL.
Este proceso de desmembramiento de territorio amazónico se inicia en 1851, durante el gobierno de Don José Rufino Echenique, año en que, mediante el Convenio Fluvial Perú - Brasil o Convención sobre Comercio y Navegación fluvial con Brasil, firmado en Lima, el 23 de Septiembre, entre el Representante del Perú, Don Bartolomé Herrera y el representante del Brasil, señor Duarte Ponte, se entregó una porción de territorio peruano al Brasil, que abarcaba desde el pueblo de Tabatinga hacia el norte en línea recta hasta la confluencia entre el Caquetá y el Apaporis; hacia el Sur, desde la confluencia del Amazonas con el Yavarí hasta la naciente de éste; y, hacia el oriente, hasta la confluencia del Caquetá con el Amazonas. Se trató de lograr la activación del comercio fluvial y la explotación peruana de la hoya amazónica, con facilidades para salir al Océano Atlántico. Con este Convenio perdimos un territorio de 56, 507 Km2.
PÉRDIDA POR TRATADO MUÑOZ - NETO CON BRASIL
En 1867, y siendo presidente de nuestro país el coronel Mariano Ignacio Prado, perdimos los territorios peruanos legalizados por el Tratado de San Ildefonso, de 1777 (España-Portugal) , mediante el Tratado firmado entre Brasil-Bolivia, llamado Muñoz-Neto, del 27 de Marzo de 1867. Estos territorios se ubicaban al sur de la línea que iba desde los orígenes del Yavarí hasta el río Madeira, perdiendo el Perú 222,703 Km2. En este caso la pérdida fue por inacción, por indolencia, de la clase dirigencial limeña, pues en el referido Tratado, ambos países, Brasil y Bolivia, incluyeron territorio peruano comprendido entre los ríos Yavarí y el Madeira, que nunca fue reclamado, quedándose en posesión de Brasil definitivamente.
PÉRDIDA POR TRATADO VELARDE - RÍO BRANCO CON BRASIL.
En 1909, durante el mandato de Don Augusto B. Leguía, se firmó con Brasil un nuevo Tratado que llevó las firmas de Don Hernán Velarde, por Perú y el Sr. José Da Silva Paranhos Dos Ríos, que luego fuera ratificado por el Congreso Peruano, el 13 de enero de 1910. Este tratado nos costó nada menos que 169,977 Km2. de nuestro territorio amazónico.
PÉRDIDA POR TRATADO POLO - BUSTAMANTE CON B0LIVIA.
En ese mismo año, 1909, y también estando en el gobierno Don A. B. Leguía, se firmó el Tratado Polo-Bustamante, celebrado entre el Perú y Bolivia, entregándose a este país 91,726 Km2. Posteriormente, en 1932, se vuelve a demarcar más al sur dividiendo el Lago Titicaca.
PÉRDIDA POR TRATADO SALOMÓN - LOZANO CON COLOMBIA.
En 1922 se firma en Lima, el 24 de Marzo, a espaldas del pueblo y en estricto secreto, el Tratado Salomón-Lozano, entre nuestro país y Colombia, aprobado por el Congreso Peruano el 20 de diciembre de 1927, que fue ratificado por el Presidente Leguía el 23 de enero de 1928; por dicho tratado fueron entregados en 1930 los extensos territorios entre el Putumayo y el Caquetá, más el llamado Trapecio Amazónico en el que se ubica el puerto de Leticia. El Perú cedió a Colombia 122,912 Km2.
PÉRDIDA POR PROTOCOLO DE RÍO DE JANEIRO CON ECUADOR.
En 1942, después de la guerra victoriosa con el Ecuador, se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites, Protocolo de Río de Janeiro, entre el Perú y Ecuador, el 29 de Enero, sucediendo algo inusitado en la historia de las guerras, pues siendo el nuestro el país vencedor, perdió mediante dicho Protocolo, 110,794 Km2 a favor de Ecuador.
Falta incorporar los territorios perdidos con Chile, en la guerra del Pacífico, que compreden Tarapacá y Arica.
Esta es pues la Historia “entreguista” que nos ha sido impuesta por gobiernos a los cuales no les interesaba el Perú, falta aun relatar la entrega de parte de Tiwinza, después del desastroso problema ocurrido con Ecuador y la entrega de 1 Km2. para “que entierren a sus muertos” los ecuatorianos.
FUENTE : RICARDO BOTTO
LUIS F. LEON PIZARRO
SOCIEDAD PATRIOTICA DE TARAPACA
AMAZONICO PERUANO
En el conocimiento de nuestra historia regional, debe ocupar un lugar de la mayor importancia la información relacionada con las pérdidas de territorio que ha sufrido nuestra región, no como consecuencia de acciones bélicas con nuestros vecinos, sino por la actitud displicente y antipatriótica de una clase dirigente nacional que era capaz de anteponer sus intereses personales o familiares a los nacionales.
Como consecuencia de ello, la nuestra es la región que más pérdidas de territorio ha sufrido. Por ello es que, aunque dolorosa para nosotros, tenemos que conocer esa historia oprobiosa para que no vuelva a repetirse y para que nuestro sentimiento patriótico se fortalezca cada vez más.
Sin tener en cuenta la pérdida de la región del Guayas (Guayaquil), que era peruana, debido a la imposición de Bolívar, y también los territorios perdidos en el sur por la guerra con Chile de 1879, el Perú ha cedido a los países vecinos, no en guerras, sino en mesas diplomáticas, alrededor de 777,912 Km2 de Amazonía Peruana, que representa bastante más del 50% de la extensión actual del Perú que, como sabemos, es de 1 285 215 Km2, a los que quedó reducido nuestro territorio nacional luego de la firma de sucesivos Tratados entreguistas y antipatrióticos.
VEAMOS ESTA HISTORIA.
PÉRDIDA POR CONVENIO FLUVIAL CON BRASIL.
Este proceso de desmembramiento de territorio amazónico se inicia en 1851, durante el gobierno de Don José Rufino Echenique, año en que, mediante el Convenio Fluvial Perú - Brasil o Convención sobre Comercio y Navegación fluvial con Brasil, firmado en Lima, el 23 de Septiembre, entre el Representante del Perú, Don Bartolomé Herrera y el representante del Brasil, señor Duarte Ponte, se entregó una porción de territorio peruano al Brasil, que abarcaba desde el pueblo de Tabatinga hacia el norte en línea recta hasta la confluencia entre el Caquetá y el Apaporis; hacia el Sur, desde la confluencia del Amazonas con el Yavarí hasta la naciente de éste; y, hacia el oriente, hasta la confluencia del Caquetá con el Amazonas. Se trató de lograr la activación del comercio fluvial y la explotación peruana de la hoya amazónica, con facilidades para salir al Océano Atlántico. Con este Convenio perdimos un territorio de 56, 507 Km2.
PÉRDIDA POR TRATADO MUÑOZ - NETO CON BRASIL
En 1867, y siendo presidente de nuestro país el coronel Mariano Ignacio Prado, perdimos los territorios peruanos legalizados por el Tratado de San Ildefonso, de 1777 (España-Portugal) , mediante el Tratado firmado entre Brasil-Bolivia, llamado Muñoz-Neto, del 27 de Marzo de 1867. Estos territorios se ubicaban al sur de la línea que iba desde los orígenes del Yavarí hasta el río Madeira, perdiendo el Perú 222,703 Km2. En este caso la pérdida fue por inacción, por indolencia, de la clase dirigencial limeña, pues en el referido Tratado, ambos países, Brasil y Bolivia, incluyeron territorio peruano comprendido entre los ríos Yavarí y el Madeira, que nunca fue reclamado, quedándose en posesión de Brasil definitivamente.
PÉRDIDA POR TRATADO VELARDE - RÍO BRANCO CON BRASIL.
En 1909, durante el mandato de Don Augusto B. Leguía, se firmó con Brasil un nuevo Tratado que llevó las firmas de Don Hernán Velarde, por Perú y el Sr. José Da Silva Paranhos Dos Ríos, que luego fuera ratificado por el Congreso Peruano, el 13 de enero de 1910. Este tratado nos costó nada menos que 169,977 Km2. de nuestro territorio amazónico.
PÉRDIDA POR TRATADO POLO - BUSTAMANTE CON B0LIVIA.
En ese mismo año, 1909, y también estando en el gobierno Don A. B. Leguía, se firmó el Tratado Polo-Bustamante, celebrado entre el Perú y Bolivia, entregándose a este país 91,726 Km2. Posteriormente, en 1932, se vuelve a demarcar más al sur dividiendo el Lago Titicaca.
PÉRDIDA POR TRATADO SALOMÓN - LOZANO CON COLOMBIA.
En 1922 se firma en Lima, el 24 de Marzo, a espaldas del pueblo y en estricto secreto, el Tratado Salomón-Lozano, entre nuestro país y Colombia, aprobado por el Congreso Peruano el 20 de diciembre de 1927, que fue ratificado por el Presidente Leguía el 23 de enero de 1928; por dicho tratado fueron entregados en 1930 los extensos territorios entre el Putumayo y el Caquetá, más el llamado Trapecio Amazónico en el que se ubica el puerto de Leticia. El Perú cedió a Colombia 122,912 Km2.
PÉRDIDA POR PROTOCOLO DE RÍO DE JANEIRO CON ECUADOR.
En 1942, después de la guerra victoriosa con el Ecuador, se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites, Protocolo de Río de Janeiro, entre el Perú y Ecuador, el 29 de Enero, sucediendo algo inusitado en la historia de las guerras, pues siendo el nuestro el país vencedor, perdió mediante dicho Protocolo, 110,794 Km2 a favor de Ecuador.
Falta incorporar los territorios perdidos con Chile, en la guerra del Pacífico, que compreden Tarapacá y Arica.
Esta es pues la Historia “entreguista” que nos ha sido impuesta por gobiernos a los cuales no les interesaba el Perú, falta aun relatar la entrega de parte de Tiwinza, después del desastroso problema ocurrido con Ecuador y la entrega de 1 Km2. para “que entierren a sus muertos” los ecuatorianos.
FUENTE : RICARDO BOTTO
LUIS F. LEON PIZARRO
SOCIEDAD PATRIOTICA DE TARAPACA
martes, 30 de diciembre de 2008
Alto a la Barabarie Israeli
¡HOLOCAUSTO!
El gobierno de los Estados Unidos remeció ayer más la conciencia mundial contra la guerra al brindar su abierto respaldo a los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza, territorio palestino, que hasta ayer han dejado más de 350 muertos, incluyendo cinco niños de una misma familia...
Líder opositor, organizaciones sociales y otros sectores inician resistencia a decreto que otorga concesiones a empresa china en sensible frontera con Ecuador.
Crece repudio a entrega de territorios fronterizos
(1) Población afectada alista medidas de protesta por traición de gobierno. (2) Minera se ubica en zona fronteriza estratégica.
DETALLE
Janhcke reveló que los estudios de impacto ambiental de la actualidad sólo miden los impactos por cada tajo, pero que no miden el impacto que tendrá todo el proyecto minero en su conjunto.
El líder opositor Ollanta Humala calificó ayer de “inconstitucional” al Decreto Supremo 024, que entrega a la transnacional china Zijin 35 denuncios mineros en el lado peruano de la frontera con Ecuador y anunció que su bancada parlamentaria se opondrá a la medida, mientras las comunidades campesinas piuranas y otros sectores anunciaron movilizaciones para rechazar el decreto.
Tras indicar la gravedad que el caso entraña para la seguridad nacional, Humala aseveró que, “a través de leguleyadas, el gobierno quiere vender la frontera a una empresa china”.
Señaló que el caso de las concesiones dentro del margen de 50 kilómetros adyacentes a la frontera, se enmarca en una política por la cual las empresas, generalmente las grandes, hablan directamente con el presidente García. “Por eso ocurren casos como los petroaudios. El primer lugar al que van los inversionistas, es Palacio de Gobierno”, refirió.
El Decreto Supremo 024 declara de interés público la entrega de los denuncios mineros, para exceptuarlos de la norma constitucional que prohíbe que los extranjeros tengan propiedades o títulos de cualquier tipo en un margen de 50 kilómetros adyacentes a las fronteras.
Frente a ello, las comunidades afectadas de las provincias de Huancabamba y Ayabaca anunciaron una movilización de rechazo el próximo ocho de enero.
El especialista de la Fundación Ecuménica por el Desarrollo y la Paz, Javier Janhcke, informó que el Frente de Defensa de Piura y las organizaciones sociales de la región ya están planificando las acciones de rechazo al decreto. “Nos estamos reuniendo con el equipo técnico del caso Majaz para evaluar las medidas legales que tomaremos”, indicó.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de Red Muqui, Ana Leyva, dijo a LA PRIMERA que el decreto provocará un mayor conflicto con los pobladores de la zona que se oponen a la explotación minera. “Debería haberse acondicionado un proceso de diálogo y haberse discutido con la población. Aquí se solicita y se otorga sin consultar”, sostuvo.
Leyva explicó que el artículo 71 de la Constitución prohíbe la concesión de denuncios mineros dentro de los 50 kilómetros de frontera en casos de “necesidad pública”, la que en este caso no se ha justificado adecuadamente. Asimismo, Janhcke explicó que la minera Majaz proyectó, al principio, 5 tajos abiertos para las 6 mil hectáreas que poseían, pero que sus concesiones suman 27 mil 700 hectáreas actualmente, gracias al decreto. “Ha sobrepasado en tamaño al distrito minero de Yanacocha en Cajamarca”, refirió.
Janhcke denunció que la explotación proyectada en el decreto provocará un impacto a nivel regional, pues los 35 denuncios mineros están ubicados en zonas de “cabeceras de cuenca” de los ríos Quiroz y Piura que abastecen de agua a los valles agrícolas. “Ya no sólo es Carmen de la Frontera, sino todo Piura”, expresó.
Leonardo Caballero
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/crece-repudio-a-entrega-de-territorios-fronterizos_30151.html
Crece repudio a entrega de territorios fronterizos
(1) Población afectada alista medidas de protesta por traición de gobierno. (2) Minera se ubica en zona fronteriza estratégica.
DETALLE
Janhcke reveló que los estudios de impacto ambiental de la actualidad sólo miden los impactos por cada tajo, pero que no miden el impacto que tendrá todo el proyecto minero en su conjunto.
El líder opositor Ollanta Humala calificó ayer de “inconstitucional” al Decreto Supremo 024, que entrega a la transnacional china Zijin 35 denuncios mineros en el lado peruano de la frontera con Ecuador y anunció que su bancada parlamentaria se opondrá a la medida, mientras las comunidades campesinas piuranas y otros sectores anunciaron movilizaciones para rechazar el decreto.
Tras indicar la gravedad que el caso entraña para la seguridad nacional, Humala aseveró que, “a través de leguleyadas, el gobierno quiere vender la frontera a una empresa china”.
Señaló que el caso de las concesiones dentro del margen de 50 kilómetros adyacentes a la frontera, se enmarca en una política por la cual las empresas, generalmente las grandes, hablan directamente con el presidente García. “Por eso ocurren casos como los petroaudios. El primer lugar al que van los inversionistas, es Palacio de Gobierno”, refirió.
El Decreto Supremo 024 declara de interés público la entrega de los denuncios mineros, para exceptuarlos de la norma constitucional que prohíbe que los extranjeros tengan propiedades o títulos de cualquier tipo en un margen de 50 kilómetros adyacentes a las fronteras.
Frente a ello, las comunidades afectadas de las provincias de Huancabamba y Ayabaca anunciaron una movilización de rechazo el próximo ocho de enero.
El especialista de la Fundación Ecuménica por el Desarrollo y la Paz, Javier Janhcke, informó que el Frente de Defensa de Piura y las organizaciones sociales de la región ya están planificando las acciones de rechazo al decreto. “Nos estamos reuniendo con el equipo técnico del caso Majaz para evaluar las medidas legales que tomaremos”, indicó.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de Red Muqui, Ana Leyva, dijo a LA PRIMERA que el decreto provocará un mayor conflicto con los pobladores de la zona que se oponen a la explotación minera. “Debería haberse acondicionado un proceso de diálogo y haberse discutido con la población. Aquí se solicita y se otorga sin consultar”, sostuvo.
Leyva explicó que el artículo 71 de la Constitución prohíbe la concesión de denuncios mineros dentro de los 50 kilómetros de frontera en casos de “necesidad pública”, la que en este caso no se ha justificado adecuadamente. Asimismo, Janhcke explicó que la minera Majaz proyectó, al principio, 5 tajos abiertos para las 6 mil hectáreas que poseían, pero que sus concesiones suman 27 mil 700 hectáreas actualmente, gracias al decreto. “Ha sobrepasado en tamaño al distrito minero de Yanacocha en Cajamarca”, refirió.
Janhcke denunció que la explotación proyectada en el decreto provocará un impacto a nivel regional, pues los 35 denuncios mineros están ubicados en zonas de “cabeceras de cuenca” de los ríos Quiroz y Piura que abastecen de agua a los valles agrícolas. “Ya no sólo es Carmen de la Frontera, sino todo Piura”, expresó.
Leonardo Caballero
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/crece-repudio-a-entrega-de-territorios-fronterizos_30151.html
García contra Piura
García contra Piura
César Lévanocesar.
levano@diariolaprimeraperu.com
El Decreto Supremo 024-2008 es no sólo una expresión del entreguismo de Alan García y su régimen, sino también una medida en favor de una empresa sospechosamente defendida por García. Es, además, un desafío a Piura.
Sienta, además, peligroso antecedente antiperuano.
Gracias al Decreto, la minera Majaz dispondrá ahora de más de 27 mil hectáreas (antes sólo poseía seis mil). Los denuncios abarcan zonas de cabeceras de cuenca de los ríos Quiroz y Piura. Pueden ahora contaminar toda el agua de Piura.
Difícil es suponer que en la génesis del dispositivo no haya intervenido jugosa coima.
La alternativa lógica a esa presunción sería creer que nos gobierna una camarilla de imbéciles.
Claro que las dos hipótesis pueden ser válidas. Los vendepatrias suelen ser, también, imbéciles.
El Decreto Supremo que amplía derechos a la empresa china Zijin, que suma ahora 35 denuncios dentro de los 50 kilómetros de frontera, atenta contra la dignidad y la seguridad nacional, como lo ha precisado el general Roberto Chiabra, ex ministro de Defensa.
El Decreto se ampara en la excepción justificada en el Artículo 71 de la Constitución fujimorista por “necesidad pública”.
Pero en este caso no hay necesidad pública, sino ignominioso interés privado. La reacción de los comuneros y de todo el pueblo de Piura es demostración viva de que nada hay de público en el engendro.
Es preciso que el país se alce contra ese dispositivo de un Gobierno que ya ha demostrado su peligroso grado de corrupción, venalidad e impunidad.
El Decreto debe ser colocado bajo los reflectores de la historia. Se ve entonces que se basa en una fórmula de la Constitución de Fujimori, que revisó y anuló lo establecido en la Constitución de 1979, que ostenta la firma de Víctor Raúl Haya de la Torre.
El tratadista Marcial Rubio Correa en su libro de varios volúmenes Estudio de la Constitución Política de 1993 (edición de 1999) precisa la diferencia sobre este punto entre ambas Constituciones.
La de 1979 dice que no se puede conceder derechos de propiedad o posesión a extranjeros “en una extensión de cincuenta kilómetros distante de la frontera”, “salvo el caso de necesidad nacional declarada por ley expresa” (subrayado nuestro).
La Carta fujimorista habla, en cambio, de “el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley”.
En un caso se habla de ley expresa, es decir, aprobada por el Congreso. En el otro, se da todo el poder al Consejo de Ministros.
García se orienta por el sentido antidemocrático y antinacional de Fujimori. El medio ambiente de Piura, el agua para todos los piuranos, la agricultura de los comuneros, el precedente amenazador, le importan un bledo.
Hay que luchar por la derogación del Decreto vendepatria.
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columna-del-director_11.do
César Lévanocesar.
levano@diariolaprimeraperu.com
El Decreto Supremo 024-2008 es no sólo una expresión del entreguismo de Alan García y su régimen, sino también una medida en favor de una empresa sospechosamente defendida por García. Es, además, un desafío a Piura.
Sienta, además, peligroso antecedente antiperuano.
Gracias al Decreto, la minera Majaz dispondrá ahora de más de 27 mil hectáreas (antes sólo poseía seis mil). Los denuncios abarcan zonas de cabeceras de cuenca de los ríos Quiroz y Piura. Pueden ahora contaminar toda el agua de Piura.
Difícil es suponer que en la génesis del dispositivo no haya intervenido jugosa coima.
La alternativa lógica a esa presunción sería creer que nos gobierna una camarilla de imbéciles.
Claro que las dos hipótesis pueden ser válidas. Los vendepatrias suelen ser, también, imbéciles.
El Decreto Supremo que amplía derechos a la empresa china Zijin, que suma ahora 35 denuncios dentro de los 50 kilómetros de frontera, atenta contra la dignidad y la seguridad nacional, como lo ha precisado el general Roberto Chiabra, ex ministro de Defensa.
El Decreto se ampara en la excepción justificada en el Artículo 71 de la Constitución fujimorista por “necesidad pública”.
Pero en este caso no hay necesidad pública, sino ignominioso interés privado. La reacción de los comuneros y de todo el pueblo de Piura es demostración viva de que nada hay de público en el engendro.
Es preciso que el país se alce contra ese dispositivo de un Gobierno que ya ha demostrado su peligroso grado de corrupción, venalidad e impunidad.
El Decreto debe ser colocado bajo los reflectores de la historia. Se ve entonces que se basa en una fórmula de la Constitución de Fujimori, que revisó y anuló lo establecido en la Constitución de 1979, que ostenta la firma de Víctor Raúl Haya de la Torre.
El tratadista Marcial Rubio Correa en su libro de varios volúmenes Estudio de la Constitución Política de 1993 (edición de 1999) precisa la diferencia sobre este punto entre ambas Constituciones.
La de 1979 dice que no se puede conceder derechos de propiedad o posesión a extranjeros “en una extensión de cincuenta kilómetros distante de la frontera”, “salvo el caso de necesidad nacional declarada por ley expresa” (subrayado nuestro).
La Carta fujimorista habla, en cambio, de “el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley”.
En un caso se habla de ley expresa, es decir, aprobada por el Congreso. En el otro, se da todo el poder al Consejo de Ministros.
García se orienta por el sentido antidemocrático y antinacional de Fujimori. El medio ambiente de Piura, el agua para todos los piuranos, la agricultura de los comuneros, el precedente amenazador, le importan un bledo.
Hay que luchar por la derogación del Decreto vendepatria.
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columna-del-director_11.do
lunes, 29 de diciembre de 2008
Alan le saca la vuelta de decfretos derogados.
Advierten que ilegal decreto 024 -con nombre propio- que permite a minera china operar en zona de frontera volverá a encender protestas sociales.
Alan le saca la vuelta de decfretos derogados.
Se vienen más protestas, pues comuneros se sienten burlados por el gobierno de Alan García.
DETALLES
-Para Reynaldo Trinidad el gobierno ha dado un decreto con nombre propio y con ello dejó listo el camino para que las comunidades denuncien al Estado a nivel internacional por ir contra el bien de los pueblos.
- Según Javier Jahncke la minera china informa en el extranjero que en Piura están construyendo un distrito netamente minero. Con esto, Zijin se hace de 35 denuncios mineros, es decir, 35 minas en la zona de frontera Perú-Ecuador.
Jugada maestra o grave error. Más problemas podrían traer al gobierno del presidente Alan García la publicación del decreto supremo 024-2008 con el cual declara de interés público la inversión privada en actividades mineras en zona de frontera y autoriza a la empresa china Zijin realizar explotaciones en el departamento de Piura.
Para el especialista en temas agrarios Reynaldo Trinidad, el Estado no puede emitir normas con nombre propio, como en este caso, y mucho menos sacarle la vuelta a la derogación de los decretos 1015 y 1073 realizada por el Congreso el 29 de agosto pasado por considerarlos lesivos para las comunidades. “Como el pueblo le hizo el pare al gobierno en sus intensiones de vender los terrenos comunales ahora, terco, el presidente presenta esta norma y entrega en bandeja la frontera norte del país. El tema es grave, porque si se deja pasar este último decreto se sentaría un precedente peligroso para repetir lo mismo en otras zonas del país”, sostuvo Trinidad. Asimismo, alertó que por este tema podrían venir nuevas protestas en Piura y Cajamarca. Por su parte, Javier Jahncke, abogado de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), advirtió también que podría reactivarse el conflicto social en Piura, ya que tras las protestas del año pasado por defender sus tierras, los comuneros estaban a la expectativa de iniciar el diálogo con el gobierno. “Los dirigentes comunales han remitido un documento al premier Yehude Simon para dialogar, y su respuesta ha sido este decreto”, dijo Jahncke, quien no se explica por qué el gobierno entrega permisos a Zijin cuando esa minera tiene irregularidades y hasta el estudio de impacto ambiental está en evaluación. “Es un espaldarazo del gobierno a la empresa, le dice mira no te preocupes que yo te estoy protegiendo”, indicó.
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/alan-le-saco-la-vuelta-a-decretos-derogados_30054.html
Alan le saca la vuelta de decfretos derogados.
Se vienen más protestas, pues comuneros se sienten burlados por el gobierno de Alan García.
DETALLES
-Para Reynaldo Trinidad el gobierno ha dado un decreto con nombre propio y con ello dejó listo el camino para que las comunidades denuncien al Estado a nivel internacional por ir contra el bien de los pueblos.
- Según Javier Jahncke la minera china informa en el extranjero que en Piura están construyendo un distrito netamente minero. Con esto, Zijin se hace de 35 denuncios mineros, es decir, 35 minas en la zona de frontera Perú-Ecuador.
Jugada maestra o grave error. Más problemas podrían traer al gobierno del presidente Alan García la publicación del decreto supremo 024-2008 con el cual declara de interés público la inversión privada en actividades mineras en zona de frontera y autoriza a la empresa china Zijin realizar explotaciones en el departamento de Piura.
Para el especialista en temas agrarios Reynaldo Trinidad, el Estado no puede emitir normas con nombre propio, como en este caso, y mucho menos sacarle la vuelta a la derogación de los decretos 1015 y 1073 realizada por el Congreso el 29 de agosto pasado por considerarlos lesivos para las comunidades. “Como el pueblo le hizo el pare al gobierno en sus intensiones de vender los terrenos comunales ahora, terco, el presidente presenta esta norma y entrega en bandeja la frontera norte del país. El tema es grave, porque si se deja pasar este último decreto se sentaría un precedente peligroso para repetir lo mismo en otras zonas del país”, sostuvo Trinidad. Asimismo, alertó que por este tema podrían venir nuevas protestas en Piura y Cajamarca. Por su parte, Javier Jahncke, abogado de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), advirtió también que podría reactivarse el conflicto social en Piura, ya que tras las protestas del año pasado por defender sus tierras, los comuneros estaban a la expectativa de iniciar el diálogo con el gobierno. “Los dirigentes comunales han remitido un documento al premier Yehude Simon para dialogar, y su respuesta ha sido este decreto”, dijo Jahncke, quien no se explica por qué el gobierno entrega permisos a Zijin cuando esa minera tiene irregularidades y hasta el estudio de impacto ambiental está en evaluación. “Es un espaldarazo del gobierno a la empresa, le dice mira no te preocupes que yo te estoy protegiendo”, indicó.
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/alan-le-saco-la-vuelta-a-decretos-derogados_30054.html
Traidores, venden nuestra frontera norte.
La Primera Palabra
Resulta que ahora, por obra y gracia del neoliberalismo, el Perú no solamente limita con Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y el océano Pacífico, como aprendimos en la escuela, sino también con China. Un decreto supremo publicado el sábado último concedió a la empresa china Xiamen Zijin Tongguan Investment la titularidad de ocho denuncios mineros ubicados al borde mismo de la frontera con Ecuador, pese a que la Constitución prohíbe que los extranjeros tengan título alguno en territorios ubicados a menos de 50 kilómetros de las fronteras.
La precaución la toman todos los países, por la experiencia histórica de la expansión pacífica de vecinos poderosos o la presencia de potencias lejanas que después convierten esa expansión económica en conquista territorial.
Los capitalistas ingleses y chilenos fueron la punta de lanza de la conquista chilena de las costas de Bolivia, en las que se establecieron y las que llenaron de población chilena, para luego apoderarse de esos territorios por la fuerza de las armas, en una contienda en la que el Perú, desprevenido e inerme como hoy, fue el plato de fondo de las ambiciones chilenas apadrinadas por la potencia de la época, Inglaterra.
Aún antes, los colonos norteamericanos se instalaron en el lado mexicano de la frontera, con el apoyo de su gobierno, que, cuando los mexicanos quisieron reaccionar, les hizo la guerra en forma feroz y desproporcionada, para conquistar un enorme territorio.
Por recuerdos como los citados, los países prohíben, constitucionalmente, que los extranjeros tengan propiedades o exploten recursos en las zonas fronterizas. Y en el caso peruano, se exceptúan los hechos en los que tal presencia sea de necesidad pública.
Por eso el decreto que comentamos declara de necesidad pública las concesiones otorgadas a la empresa china, invocando decretos previos de los gobiernos de Alberto Fujimori y Alejandro Toledo, que favorecen inversiones en la banda de 50 kilómetros adyacentes a las fronteras. Con tales referencias el gobierno considera que ha cumplido la formalidad de declarar de necesidad pública la entrega, pero los peruanos se preguntan con justa razón si basta con un trámite burocrático para que la Carta Magna sea perforada en aras de la inversión extranjera, y si la necesidad de esta justifica que se afecte la seguridad nacional con la presencia de una potencia extranjera en un área colindante con un país vecino.
Un debate jurídico y nacional debe abrirse de inmediato sobre el delicado tema. LA PRIMERA aporta a él su posición firme de defensa del territorio peruano; la necesidad pública invocada no está sólidamente fundamentada ni demostrada y los sectores patriotas, de todas las posiciones políticas e ideológicas, que hicieron retroceder a quienes pretendían vender parte del Cuartel General del Ejército, deben pronunciarse para impedir la entrega y dejar en claro que el Perú no está en venta. Deben, en fin, poner coto a la obsesión subastadora del gobierno.
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/la-primera-palabra/la-primera-palabra_30043.html
Resulta que ahora, por obra y gracia del neoliberalismo, el Perú no solamente limita con Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y el océano Pacífico, como aprendimos en la escuela, sino también con China. Un decreto supremo publicado el sábado último concedió a la empresa china Xiamen Zijin Tongguan Investment la titularidad de ocho denuncios mineros ubicados al borde mismo de la frontera con Ecuador, pese a que la Constitución prohíbe que los extranjeros tengan título alguno en territorios ubicados a menos de 50 kilómetros de las fronteras.
La precaución la toman todos los países, por la experiencia histórica de la expansión pacífica de vecinos poderosos o la presencia de potencias lejanas que después convierten esa expansión económica en conquista territorial.
Los capitalistas ingleses y chilenos fueron la punta de lanza de la conquista chilena de las costas de Bolivia, en las que se establecieron y las que llenaron de población chilena, para luego apoderarse de esos territorios por la fuerza de las armas, en una contienda en la que el Perú, desprevenido e inerme como hoy, fue el plato de fondo de las ambiciones chilenas apadrinadas por la potencia de la época, Inglaterra.
Aún antes, los colonos norteamericanos se instalaron en el lado mexicano de la frontera, con el apoyo de su gobierno, que, cuando los mexicanos quisieron reaccionar, les hizo la guerra en forma feroz y desproporcionada, para conquistar un enorme territorio.
Por recuerdos como los citados, los países prohíben, constitucionalmente, que los extranjeros tengan propiedades o exploten recursos en las zonas fronterizas. Y en el caso peruano, se exceptúan los hechos en los que tal presencia sea de necesidad pública.
Por eso el decreto que comentamos declara de necesidad pública las concesiones otorgadas a la empresa china, invocando decretos previos de los gobiernos de Alberto Fujimori y Alejandro Toledo, que favorecen inversiones en la banda de 50 kilómetros adyacentes a las fronteras. Con tales referencias el gobierno considera que ha cumplido la formalidad de declarar de necesidad pública la entrega, pero los peruanos se preguntan con justa razón si basta con un trámite burocrático para que la Carta Magna sea perforada en aras de la inversión extranjera, y si la necesidad de esta justifica que se afecte la seguridad nacional con la presencia de una potencia extranjera en un área colindante con un país vecino.
Un debate jurídico y nacional debe abrirse de inmediato sobre el delicado tema. LA PRIMERA aporta a él su posición firme de defensa del territorio peruano; la necesidad pública invocada no está sólidamente fundamentada ni demostrada y los sectores patriotas, de todas las posiciones políticas e ideológicas, que hicieron retroceder a quienes pretendían vender parte del Cuartel General del Ejército, deben pronunciarse para impedir la entrega y dejar en claro que el Perú no está en venta. Deben, en fin, poner coto a la obsesión subastadora del gobierno.
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/la-primera-palabra/la-primera-palabra_30043.html
Vende patrias, venden nuestra frontera norte.
La Primera Palabra.
Resulta que ahora, por obra y gracia del neoliberalismo, el Perú no solamente limita con Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y el océano Pacífico, como aprendimos en la escuela, sino también con China. Un decreto supremo publicado el sábado último concedió a la empresa china Xiamen Zijin Tongguan Investment la titularidad de ocho denuncios mineros ubicados al borde mismo de la frontera con Ecuador, pese a que la Constitución prohíbe que los extranjeros tengan título alguno en territorios ubicados a menos de 50 kilómetros de las fronteras.La precaución la toman todos los países, por la experiencia histórica de la expansión pacífica de vecinos poderosos o la presencia de potencias lejanas que después convierten esa expansión económica en conquista territorial.Los capitalistas ingleses y chilenos fueron la punta de lanza de la conquista chilena de las costas de Bolivia, en las que se establecieron y las que llenaron de población chilena, para luego apoderarse de esos territorios por la fuerza de las armas, en una contienda en la que el Perú, desprevenido e inerme como hoy, fue el plato de fondo de las ambiciones chilenas apadrinadas por la potencia de la época, Inglaterra.Aún antes, los colonos norteamericanos se instalaron en el lado mexicano de la frontera, con el apoyo de su gobierno, que, cuando los mexicanos quisieron reaccionar, les hizo la guerra en forma feroz y desproporcionada, para conquistar un enorme territorio.Por recuerdos como los citados, los países prohíben, constitucionalmente, que los extranjeros tengan propiedades o exploten recursos en las zonas fronterizas. Y en el caso peruano, se exceptúan los hechos en los que tal presencia sea de necesidad pública.Por eso el decreto que comentamos declara de necesidad pública las concesiones otorgadas a la empresa china, invocando decretos previos de los gobiernos de Alberto Fujimori y Alejandro Toledo, que favorecen inversiones en la banda de 50 kilómetros adyacentes a las fronteras. Con tales referencias el gobierno considera que ha cumplido la formalidad de declarar de necesidad pública la entrega, pero los peruanos se preguntan con justa razón si basta con un trámite burocrático para que la Carta Magna sea perforada en aras de la inversión extranjera, y si la necesidad de esta justifica que se afecte la seguridad nacional con la presencia de una potencia extranjera en un área colindante con un país vecino.Un debate jurídico y nacional debe abrirse de inmediato sobre el delicado tema. LA PRIMERA aporta a él su posición firme de defensa del territorio peruano; la necesidad pública invocada no está sólidamente fundamentada ni demostrada y los sectores patriotas, de todas las posiciones políticas e ideológicas, que hicieron retroceder a quienes pretendían vender parte del Cuartel General del Ejército, deben pronunciarse para impedir la entrega y dejar en claro que el Perú no está en venta. Deben, en fin, poner coto a la obsesión subastadora del gobierno.
domingo, 28 de diciembre de 2008
Vendepatrias sin fronteras.
Vendepatrias sin fronteras
César Lévanocesar.
evano@diariolaprimeraperu.com
Cuando leí ayer en ‘El Peruano’ el decreto supremo que otorga a una empresa extranjera derechos mineros dentro de 50 kilómetros de zona de frontera recordé el verso de Alejandro Romualdo Valle: “No puede ser verdad lo que estoy viendo”.
El decreto empieza citando el artículo 71 de la Constitución que establece que “dentro de cincuenta kilómetros de la frontera, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido”.
El texto agrega: “Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros”.
El flamante decreto se dicta a favor de una empresa que antes fue apasionadamente defendida por el presidente Alan García y su premier Jorge del Castillo.
La Xiamen Zijin Tongguan Investment, actual titular de la compañía, ha adquirido derechos de empresas de la Isla Gran Cayman como Monterrico Metals y Majaz.
Zijin, dice la disposición, “ha solicitado autorización para adquirir de manera indirecta la titularidad de 35 derechos mineros ubicados dentro de los 50 kilómetros de la frontera del país”.
¡Mentira! La empresa china ya había comprado a Monterrico Metals en la Bolsa de Valores de Londres esos derechos mineros, pagando al Estado inglés, por impuestos, 73 millones de libras esterlinas: más de 300 millones de soles (30 veces lo que arrojó la Teletón).
Lo señalamos en nuestra columna del 24 de diciembre último, basándonos en una exposición del congresista Víctor Andrés García Belaunde. Nuestro texto se titulaba, premonitoriamente, Cuentos de Navidad.
El decreto vendepatria que comentamos se ampara en un supuesto caso de necesidad pública y en un decreto de Alejandro Toledo que declaró, genéricamente, de necesidad pública la inversión minera.
También se apoya en el decreto legislativo 757 que autoriza a que se declare “de necesidad nacional la inversión privada, nacional y extranjera, en actividades productivas realizadas o por realizarse en la zona de fronteras del país”.
Dicho decreto, obra del corrupto dictador Alberto Fujimori, se dio el 8 de noviembre de 1991.
Sabido es que Alberto Fujimori y su hermano Santiago eran lobistas de empresas mineras foráneas.
Los juristas deben analizar el concepto de “necesidad pública” impreso en la Constitución fujimorista, porque la interpretación arbitraria de Alan García y su cohorte sienta un precedente peligroso para el país.
Si, como declara el texto, se busca el desarrollo de las zonas de frontera, con el consiguiente aumento del nivel de vida en la zona, hay que preguntarse por qué el Estado peruano no asume sus deberes al respecto.
César Lévanocesar.
evano@diariolaprimeraperu.com
Cuando leí ayer en ‘El Peruano’ el decreto supremo que otorga a una empresa extranjera derechos mineros dentro de 50 kilómetros de zona de frontera recordé el verso de Alejandro Romualdo Valle: “No puede ser verdad lo que estoy viendo”.
El decreto empieza citando el artículo 71 de la Constitución que establece que “dentro de cincuenta kilómetros de la frontera, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido”.
El texto agrega: “Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros”.
El flamante decreto se dicta a favor de una empresa que antes fue apasionadamente defendida por el presidente Alan García y su premier Jorge del Castillo.
La Xiamen Zijin Tongguan Investment, actual titular de la compañía, ha adquirido derechos de empresas de la Isla Gran Cayman como Monterrico Metals y Majaz.
Zijin, dice la disposición, “ha solicitado autorización para adquirir de manera indirecta la titularidad de 35 derechos mineros ubicados dentro de los 50 kilómetros de la frontera del país”.
¡Mentira! La empresa china ya había comprado a Monterrico Metals en la Bolsa de Valores de Londres esos derechos mineros, pagando al Estado inglés, por impuestos, 73 millones de libras esterlinas: más de 300 millones de soles (30 veces lo que arrojó la Teletón).
Lo señalamos en nuestra columna del 24 de diciembre último, basándonos en una exposición del congresista Víctor Andrés García Belaunde. Nuestro texto se titulaba, premonitoriamente, Cuentos de Navidad.
El decreto vendepatria que comentamos se ampara en un supuesto caso de necesidad pública y en un decreto de Alejandro Toledo que declaró, genéricamente, de necesidad pública la inversión minera.
También se apoya en el decreto legislativo 757 que autoriza a que se declare “de necesidad nacional la inversión privada, nacional y extranjera, en actividades productivas realizadas o por realizarse en la zona de fronteras del país”.
Dicho decreto, obra del corrupto dictador Alberto Fujimori, se dio el 8 de noviembre de 1991.
Sabido es que Alberto Fujimori y su hermano Santiago eran lobistas de empresas mineras foráneas.
Los juristas deben analizar el concepto de “necesidad pública” impreso en la Constitución fujimorista, porque la interpretación arbitraria de Alan García y su cohorte sienta un precedente peligroso para el país.
Si, como declara el texto, se busca el desarrollo de las zonas de frontera, con el consiguiente aumento del nivel de vida en la zona, hay que preguntarse por qué el Estado peruano no asume sus deberes al respecto.
Otorgan a minera china parte de frontera norte.
Otorgan a minera china parte de frontera norte.
Con este dispositivo el gobierno vuelve a incubar un conflicto social en las alturas de Piura.
Presidente García permite que empresas, constituidas en la Isla de Gran Cayman, bajo el pretexto de interés público, se apropien de tierras agrícolas y cabeceras de cuencas.
En medio de la paz y el jolgorio de las fiesta de fin de año, el gobierno de Alan García acaba de publicar el día de ayer el decreto supremo 024-2008 del sector Defensa, declarando de interés público la inversión privada en actividades mineras en zona de frontera y autorizando con nombre propio a la empresa china Zijin a extender sus dominios hasta los bordes de los límites con el Ecuador, en el departamento de Piura, como parte de la ejecución del proyecto Río Blanco (anteriormente Majaz).
¡Qué decir! Que el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, que debería proteger las fronteras es el que autoriza abrirla a las mineras extranjeras. Que el “interés público” es el de una empresa privada. Que lo que habló el presidente García en chino ante el presidente Ju jin Tao, en tiempos de APEC, era que nos íbamos a inclinar a sus exigencias.
Que los comuneros de Ayabaca y Huancabamba que reiterada y masivamente han reclamado contra este proyecto minero y la población que reclama por la preservación del medio ambiente en una zona especialmente sensible de nuestra geografía, son unos simples perros del hortelano a los que no hay que hacer menor caso. Que el premier Yehude Simon firmó el mamotreto gustosamente o lo tendremos en unos días rectificándose de esta nueva traición a los principios que levantaba hasta hace poco.
Hay que tenerlo claro. La Constitución taxativamente prohíbe a extranjeros la explotación de recursos naturales: minas, bosques, aguas, fuentes de energía, ni individualmente ni asociado, dentro de los 50 kilómetros de la frontera, salvo que se presente un caso de interés público. El gobierno, con el decreto supremo 024-2008 está violando este dispositivo constitucional, pero pretende estar ajustándose a su letra porque emite un decreto que declara de “necesidad pública”, que la minera Zijin pueda explotar los minerales de la zona. ¿Dónde está la necesidad y dónde el interés público? En ningún lado.
La Constitución quería decir que podía haber un caso en que la participación de extranjeros en una actividad de frontera podría revertir a favor de la comunidad y del Estado, pero este no es ni de lejos ese caso. Se trata de una burda manipulación del texto constitucional para violentar su espíritu y favorecer a una empresa minera.
Esa es
La empresa china Zijin Tongguan Investment es la misma que negoció con la intervención del subsecretario general del gobernante partido comunista de ese país y del presidente del Perú, si el gobierno le ofrecía las garantías para adquirir los derechos de Monterrico Metals en dos provincias de la sierra de Piura, donde existía una fuerte oposición campesina a la actividad minera.
El presidente García les aseguró que no pasaría nada y que el gobierno les ayudaría a sacar adelante el proyecto. Ahora sabemos que el plan era extenderse más allá de los denuncios originales de la empresa inglesa (8) y que se trataba de adquirir otros 27 denuncios fronterizos de la empresa peruana Minera Mayari SAC, lo que representa unas 28,263 hectáreas en las provincias de Huancabamba y Ayabaca.
Gato vendedor
La responsabilidad que en este nuevo despojo del patrimonio nacional recae en el Ministerio de Defensa es sumamente grave, ya que la norma que estamos comentando carece precisamente de un concepto de defensa y se centra en forma exclusiva en impulsar los intereses de la empresa extranjera interesada en los yacimientos de cobre existentes. Es claro que la presencia de Ántero Flores-Aráoz como ministro de este sector está sirviendo para convertir la defensa nacional en un mostrador de ofertas del Perú de García que se exhibe para la venta.
Historia de Zijin
El Decreto Supremo 024-2008-DE indica que el Ejecutivo ha otorgado 35 denuncios mineros al grupo chino Zijin. Este grupo, según el decreto, tuvo que adquirir la totalidad de las acciones de la empresa inglesa Monterrico Metals Plc., empresa constituida bajo las leyes de Inglaterra y Gales, para poder obtener 8 derechos mineros. Además de ello, Zijin adquirirá 27 denuncios mineros, según el decreto, mediante la compra del 100% de la minera Mayarí S.A.C. Con ambas adquisiciones, Zijin sumará los 35 denuncios mineros.Sin embargo, el decreto indica que Monterrico Metals es titular del 100% de las acciones del capital social de Copper Corp. Limited, una empresa constituida bajo las leyes de la Isla Gran Cayman, que es también titular del 100% de las acciones del capital social de Río Blanco Copper Limited. Esta última empresa está constituida bajo las leyes de George Town, Isla de Gran Cayman, y es titular del 99.98% de las acciones de la minera Majaz S.A., empresa constituida bajo las leyes del Perú. En el 2007, el grupo chino Zijin compró la mayoría de acciones que la empresa inglesa Monterrico Metals tenía en la minera Majaz, en la Bolsa de Valores de Londres. A partir de entonces, la minera cambia de nombre a Río Blanco Copper.
Raúl WienerRedacción
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/otorgan-a-minera-china-parte-de-frontera-norte_29988.html
Con este dispositivo el gobierno vuelve a incubar un conflicto social en las alturas de Piura.
Presidente García permite que empresas, constituidas en la Isla de Gran Cayman, bajo el pretexto de interés público, se apropien de tierras agrícolas y cabeceras de cuencas.
En medio de la paz y el jolgorio de las fiesta de fin de año, el gobierno de Alan García acaba de publicar el día de ayer el decreto supremo 024-2008 del sector Defensa, declarando de interés público la inversión privada en actividades mineras en zona de frontera y autorizando con nombre propio a la empresa china Zijin a extender sus dominios hasta los bordes de los límites con el Ecuador, en el departamento de Piura, como parte de la ejecución del proyecto Río Blanco (anteriormente Majaz).
¡Qué decir! Que el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, que debería proteger las fronteras es el que autoriza abrirla a las mineras extranjeras. Que el “interés público” es el de una empresa privada. Que lo que habló el presidente García en chino ante el presidente Ju jin Tao, en tiempos de APEC, era que nos íbamos a inclinar a sus exigencias.
Que los comuneros de Ayabaca y Huancabamba que reiterada y masivamente han reclamado contra este proyecto minero y la población que reclama por la preservación del medio ambiente en una zona especialmente sensible de nuestra geografía, son unos simples perros del hortelano a los que no hay que hacer menor caso. Que el premier Yehude Simon firmó el mamotreto gustosamente o lo tendremos en unos días rectificándose de esta nueva traición a los principios que levantaba hasta hace poco.
Hay que tenerlo claro. La Constitución taxativamente prohíbe a extranjeros la explotación de recursos naturales: minas, bosques, aguas, fuentes de energía, ni individualmente ni asociado, dentro de los 50 kilómetros de la frontera, salvo que se presente un caso de interés público. El gobierno, con el decreto supremo 024-2008 está violando este dispositivo constitucional, pero pretende estar ajustándose a su letra porque emite un decreto que declara de “necesidad pública”, que la minera Zijin pueda explotar los minerales de la zona. ¿Dónde está la necesidad y dónde el interés público? En ningún lado.
La Constitución quería decir que podía haber un caso en que la participación de extranjeros en una actividad de frontera podría revertir a favor de la comunidad y del Estado, pero este no es ni de lejos ese caso. Se trata de una burda manipulación del texto constitucional para violentar su espíritu y favorecer a una empresa minera.
Esa es
La empresa china Zijin Tongguan Investment es la misma que negoció con la intervención del subsecretario general del gobernante partido comunista de ese país y del presidente del Perú, si el gobierno le ofrecía las garantías para adquirir los derechos de Monterrico Metals en dos provincias de la sierra de Piura, donde existía una fuerte oposición campesina a la actividad minera.
El presidente García les aseguró que no pasaría nada y que el gobierno les ayudaría a sacar adelante el proyecto. Ahora sabemos que el plan era extenderse más allá de los denuncios originales de la empresa inglesa (8) y que se trataba de adquirir otros 27 denuncios fronterizos de la empresa peruana Minera Mayari SAC, lo que representa unas 28,263 hectáreas en las provincias de Huancabamba y Ayabaca.
Gato vendedor
La responsabilidad que en este nuevo despojo del patrimonio nacional recae en el Ministerio de Defensa es sumamente grave, ya que la norma que estamos comentando carece precisamente de un concepto de defensa y se centra en forma exclusiva en impulsar los intereses de la empresa extranjera interesada en los yacimientos de cobre existentes. Es claro que la presencia de Ántero Flores-Aráoz como ministro de este sector está sirviendo para convertir la defensa nacional en un mostrador de ofertas del Perú de García que se exhibe para la venta.
Historia de Zijin
El Decreto Supremo 024-2008-DE indica que el Ejecutivo ha otorgado 35 denuncios mineros al grupo chino Zijin. Este grupo, según el decreto, tuvo que adquirir la totalidad de las acciones de la empresa inglesa Monterrico Metals Plc., empresa constituida bajo las leyes de Inglaterra y Gales, para poder obtener 8 derechos mineros. Además de ello, Zijin adquirirá 27 denuncios mineros, según el decreto, mediante la compra del 100% de la minera Mayarí S.A.C. Con ambas adquisiciones, Zijin sumará los 35 denuncios mineros.Sin embargo, el decreto indica que Monterrico Metals es titular del 100% de las acciones del capital social de Copper Corp. Limited, una empresa constituida bajo las leyes de la Isla Gran Cayman, que es también titular del 100% de las acciones del capital social de Río Blanco Copper Limited. Esta última empresa está constituida bajo las leyes de George Town, Isla de Gran Cayman, y es titular del 99.98% de las acciones de la minera Majaz S.A., empresa constituida bajo las leyes del Perú. En el 2007, el grupo chino Zijin compró la mayoría de acciones que la empresa inglesa Monterrico Metals tenía en la minera Majaz, en la Bolsa de Valores de Londres. A partir de entonces, la minera cambia de nombre a Río Blanco Copper.
Raúl WienerRedacción
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/otorgan-a-minera-china-parte-de-frontera-norte_29988.html
Caso Machu Picchu:Perú Juega a perdedor en el juicio contra Yale
Pocos recuerdan que durante el gobierno de Alejandro Toledo el Estado peruano tuvo todo listo para iniciar la demanda contra la Universidad de Yale por las piezas que Bingham se llevó de Machu Picchu. Pero ni bien asumió Alan García, su gobierno desestimó aquellas gestiones e inició, casi en secreto, una desventajosa negociación con la casa de estudios norteamericana. Resultado: el llamado Memorándum de Entendimiento, donde el Perú pierde por 99 años el grueso de la colección. Dos años después la posición peruana vuelve a cero y el último 5 de diciembre se plantea en una corte de Washington DC la demanda contra Yale. Para comprender la oscilante historia de este proceso, nada mejor que una charla con el destacado arqueólogo Luis G. Lumbreras, ex director del INC (2002-2006). Por Enrique Hulerig.
–¿La posición peruana plantea la devolución de 46 mil piezas?–Es impresionante que sigan insistiendo en eso. Esta vez ha sido el propio canciller. Yale ha vuelto a hablar de 4 mil piezas, pero la posición peruana afirma que son 46 mil. Esto es una barbaridad como punto de partida. Yale lo va a rebatir en un dos por tres. Es lo mismo que si arrojo al suelo una botella y se rompe en cien pedazos y luego digo no es uno lo que me deben sino cien. En Yale deben estar muertos de risa.
–Pocos saben que usted rechazó el Memorándum de Entendimiento (Memorandum of Understanding- MOU) que luego Garrido Lecca firmó. ¿Cuáles fueron las circunstancias?–En el anterior periodo, cuando se inició la gestión de devolución, los de Yale plantearon conversar y el Estado peruano entró, vía Cancillería, a una serie de conversaciones de carácter diplomático, con la participación de la señora Karp y de nosotros, los técnicos, a quienes siempre se nos consultó sobre lo que se tenía que hacer. En todos los casos, nuestra recomendación fue ceñirnos a ley. Pero, en un momento determinado, Yale nos entrega su famoso Memorándum y nosotros se lo devolvimos. Las negociaciones se rompen en marzo del 2006, faltando meses para que termine la administració n Toledo. Con el nuevo gobierno, Yale siguió con su juego de conversar y hace dos años comenzaron de nuevo las negociaciones, como si antes no se hubiese hablado de nada. El Estado peruano entonces acepta y suscribe el MOU que nosotros habíamos rechazado, con el agravante de que esta vez el documento tenía agregados más cuestionables.
–¿Por qué Yale le plantea a este gobierno un documento de esa naturaleza?–No creo que hayan pensado en engañar, sino que encontraron gente que no tenía la menor idea, entre ellos Cecilia Bákula, directora del INC, y la gente asociada a ella. Si no hubiera sido por la intervención de la doctora Karp, con su artículo en el New York Times, de repente no nos enterábamos de nada. El Estado peruano entonces no retrocedió sencillamente porque teníamos la razón y nos basábamos en una historia verídica. Pero el gobierno actual entra en duda y comienza a negociar, que si venían 300, que si nos devolvían quién sabe cuánto. Todo lo que ya había sido desechado por el Estado peruano se retoma. Es una política equivocada, sustentada en hacer lo contrario de lo que el régimen anterior había hecho, o replantear las cosas como si fuesen nuevas, desde cero. El resultado es patético. La figura lamentable del señor Garrido Lecca y la deplorable posición de la doctora Bákula son íconos de todas las deficiencias que tuvo la presentación del Perú en este tema.
–Si la posición peruana fue cambiante, la de Yale siempre fue la misma.–Yale no ha variado en nada su posición, es decir que las piezas no están terminadas de estudiar y que deberían seguir estudiándose 99 años más. Es como si yo me robara el televisor de su casa y me justificara diciendo que lo uso mejor que usted. Todos los argumentos de Yale giran en torno a eso: que los peruanos somos incapaces de hacer un buen estudio de las colecciones. El problema es que hemos cometido serios errores en estos últimos dos años. El primer y mayor error es haber suscrito un Memorándum no solo mal redactado sino inconstitucional, contrario a la dignidad peruana y que además ya había sido rechazado.
–¿Cuál es la responsabilidad del presidente García?–Hay un tema que no está siendo tratado y es que el señor Garrido Lecca se presentó como representante del Presidente de la República. Por lo tanto, quien tiene que pronunciarse es el presidente García. ¿Cómo permitió la firma del MOU? Garrido Lecca solo fue un testaferro. El que está comprometido es el Estado peruano, bajo la palabra de que quien está yendo a firmar esa barbaridad de documento es el propio representante del Presidente. Cuando llegó el señor Garrido y le preguntaron “¿y usted quién es?, usted es ministro de Salud o de Vivienda, no tiene representatividad”, entonces él respondió, públicamente, que era representante del Presidente de la República. Este es un tema que nosotros hemos soslayado porque no tenía sentido darle a Yale un argumento adicional. Pero seríamos ingenuos si pensáramos que Yale no sabe que este es un compromiso del Presidente, no de un ministro. La responsabilidad es compartida entre Garrido Lecca y el señor García.
–El abogado de Yale, Enrique Ghersi, afirma que el Estado peruano ha entablado mal la demanda, pues en el expediente se oculta a los jueces la existencia del Memorándum del 2007.–Yo le voy a decir lo que pienso: que la idea de este proceso es jugar a perdedores. Esa es la sensación que tengo. Una de las primeras cosas que tenía que haber hecho el Ejecutivo es informar al Congreso. Es un asunto de Estado y es un asunto constitucional. Hasta donde yo sé, eso no ha pasado, no públicamente. El problema es que la ley que dio el Congreso en julio del 2006 para iniciar una demanda internacional contra Yale no ha sido ni ratificada ni derogada. Entonces, para comenzar, la posición peruana nace con un pecado procesal interno. ¿Se está procediendo de acuerdo con la ley peruana? No. Porque hay elementos que no se han cumplido. Temo mucho, además, que no se haya preparado una demanda lo suficientemente sólida como para poder hacer el alegato ante los tribunales norteamericanos. Basta con oír, por ejemplo, al ministro de Trabajo, que es el que ahora da la cara, para darse cuenta de que la parte peruana no tiene la menor idea de las cosas. Mi impresión es que el expediente va a ser desechado, rechazado, no admitido. El Perú no podrá hacer el juicio y el Estado dirá “nos han rechazado, hemos intentado todo, nos hemos peleado con Yale y lamentablemente ahí quedó”. Por razones precisamente de orden procesal seremos rechazados y eso sería francamente vergonzoso. Pero hay otra cosa: en el momento en que entre a proceso el Perú aparecerá la barbaridad de que vamos a recuperar 46 mil piezas. Con un simple peritaje técnico de un estudiante de arqueología de primer año o con un practicante de museo, ellos van a advertir el despropósito.
–Durante su gestión al frente del INC se consiguió el apoyo del gobierno japonés para los trabajos en el sitio de Chavín. El presidente García, así como la directora del INC, dicen, sin embargo, haber iniciado las gestiones. –Durante los comienzos de mi gestión en el INC volví a Chavín para ver en qué situación estaba. Con John Rick, que trabajaba allí, decidimos hacer un Plan Maestro, pero no había suficientes recursos. Lo que nos sirvió fue descubrir que Chavín tenía más problemas de los que nos imaginábamos. En primer lugar, estaba en manos de personas sin la menor idea de lo que se tenía que hacer, que lo estaban destruyendo. En el 2001, el sitio estaba a punto de colapsar. Si no se hacía una intervención de emergencia, colapsaba. Se había hecho demasiadas excavaciones para presentarlas al turismo y parecía un panetón bailando sobre miel, y es que debajo de Chavín hay una masa inmensa de barro. Comenzamos así a trabajar la idea del museo. Luego se presentó una oportunidad de conversar con el embajador de Japón, quien me dijo que debíamos presentarnos a un concurso mundial, ya que había la posibilidad de obtener entre 2 y 4 millones de dólares para invertirlos en la construcción de un lugar que permita la conservación del sitio. Nos presentamos en el 2003 y al año siguiente recibimos la noticia de que el Perú había sido incorporado a la lista de los 4 o 5 países del mundo que serían beneficiados (fuimos 180 países en pugna). El papel del embajador Najita fue importante: nos monitoreó sobre cómo hacer las cosas para que en Japón nuestro proyecto tenga repercusión. A fines del 2005 ya el proyecto estaba básicamente terminado. También se aprobó en Japón, y ellos dijeron que arrancaban el 2007. Solo restaba esperar la recepción del documento que entregaba el dinero. Pero el documento llegó el día que yo dejaba el INC, con mucha pena, de parte del nuevo embajador japonés. Incluso me invitaron a asistir a la reunión en la que se haría el intercambio de proyectos entre el Estado peruano y el japonés. Pero por causas para mí incomprensibles este evento se postergó en Cancillería para cuando yo ya estuviera fuera. El proyecto tenía dos partes, una parte museográfica y la otra parte que es el centro de investigación, que garantiza una permanente presencia de técnicos. Eso ni siquiera se ha iniciado. El Plan Maestro, que debía haberse publicado en enero del 2007, aún no se ha publicado. No se ha hecho nada, el tema es de una lentitud impresionante. No hay interés. Lo que sí le ha interesado al señor García es ir allá y hacer el show de la inauguración del museo, afirmando que el museo es gestión suya.
–Hace poco finalizó el congreso de políticas culturales que organizaron el INC y la cooperación española. Entre otras cosas se dijo que era la primera vez que se hablaba de una política cultural en el Perú. ¿Qué opinión le merece esto?–Todo Estado, por principio, tiene una política cultural. Es una de las fuentes fundamentales de su comportamiento político. A la vez, una política cultural es la manera cómo la sociedad organiza las relaciones entre personas a través del uso de las costumbres. Educación, salud, agricultura, todo está ligado a una política cultural. Que en el congreso del INC hayan dicho que el Estado no tiene una política cultural es la estupidez más grande que hayan podido decir. Entre los primeros que plantearon un diseño de política cultural adversa a la política colonial estaban González Prada, Dora Mayer, Pedro Zulen. Ellos hicieron lineamientos claves: no discriminació n étnica, respeto a las otras culturas, rescate de los valores patrimoniales tradicionales. Es impresionante que los apristas se hayan olvidado de todo eso.
http://www.larepublica.pe/archive/all/domingo/2008/12/28/6/node/6166/todos/1558
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La última batalla por Machu Picchu
(1) Mapa de Machu Picchu de 1896 y vista de la ciudadela en 1911. (2) Mariana Mould de Pease, en batalla ardorosa por Machu Picchu. (3) Hiram Bingham.
DETALLE
Mariana Mould de Pease le ha enviado una carta a Cecilia Bákula, directora del INC, señalándole que oculta información y falsea la historia. Sin embargo, Bákula aparece como si defendiera el patrimonio ante el hecho que la Universidad de Yale se niega a restituir al Perú todo lo que se llevó el norteamericano Hiram Bingham.
El 24 de julio de 1911, Hiram Bingham, el gran huaquero llegó a Machu Picchu y la saqueó. Ahora, Mariana Mould de Pease advierte que los trámites para recuperar el patrimonio no tienen transparencia.
- ¿Cómo evalúa la función del presidente García?- No está tomando en cuenta la política cultural del mundo actual que se rige por convenciones, acuerdos, normas de Unesco y Unidroit, una organización internacional de la cual el Perú es miembro. - ¿Es desconocimiento o falta de asesoramiento?-
El presidente tiene que ser como todo político y jefe de Estado, una persona capaz de seleccionar a sus asesores. Quien está fallando es Cecilia Bákula, la directora del INC, sin dudas ni murmuraciones.
- ¿Qué trabas hay actualmente? - Bueno, se firmó el memorado de entendimiento y vinieron cambios de actores políticos. Primero del portavoz que era Hernán Garrido Lecca, quien suscribió un documento vergonzoso sin tener en cuenta la legislación aprobada por el Congreso, con la asesoría técnica de la directora del INC.
- ¿Cuál es su opinión de la labor de Cecilia Bákula?- En este caso concreto, miente sin hacerse problemas.
- ¿Qué prueba tiene usted?- Concretamente, hay que ver una cita textual de una entrevista a Andina de Opinión. Dice que no ha lugar para que el Colegio de Arqueólogos del Perú se aparte de la Comisión de Alto Nivel que negocia con la Universidad de Yale, basándome en la legislación norteamericana. Es decir, este es un caso de primer nivel para que el Perú se haga presente como un país que se respeta internamente su cultura nacional y, en concordancia con la cultura norteamericana de los pueblos indígenas de las Américas. Eso debe saber Cecilia Bákula.
- Usted ha dicho: “No es históricamente veraz”. - Así es. Localicé seis mapas cuyos originales están en la BNP, en los cuales se demuestra que Machu Picchu estaba plenamente integrado al territorio nacional y el Estado disponía sobre el monumento en sí. En ese entonces, se le llamaba Las Huacas del Inca. Ha tergiversado la historia y le ha hecho mucho daño al Perú. Le he aclarado y enviado la información, los mapas, tengo el cargo.
- ¿Qué hacer entonces?- Permítame decirle al país y al mundo que las peruanas y peruanos dignos somos capaces de trabajar en red por el patrimonio. Se lo digo públicamente al presidente Alan García que su directora del INC no puede seguir dejándolo en falta, en desconocimiento de lo que sucede en el país.
- ¿Qué opinión le merece el trabajo de Garrido Lecca?- Es lamentable cómo ha obrado, es penoso. Le ha hecho perder al Perú un tiempo valioso. Lo ha presentado como un país incapaz de tener un gobernante que recoja tanto el conocimiento internacional y específicamente norteamericano, como la legislación para la defensa y protección de las tumbas y bienes culturales del pueblo indígena norteamericano. Le ha hecho mucho daño.
- ¿Enrique Ghersi cumple el mismo papel? - Exactamente, es muy grave. Ghersi también miente impunemente, está buscando enfrentar al Perú con la National Geographic, es una empresa de difusión geográfica en el mundo, ha respaldado la posesión peruana que no es la del gobierno. Ha dicho que le devuelvan al Perú lo que se llevó Bingham.José Luis Ayala Editor de Cultura-Entrevista
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/entrevista/la-ltima-batalla-por-machu-picchu_30011.html
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